Giuristi: Revista de Derecho Corporativo / ISSN 2708-9894
Por Mariced Almeida Pérez y Daniela Vergaray Castillo
Abogadas egresadas de la carrera de Derecho Corporativo de la Universidad ESAN
Actualmente, el comercio internacional es una de las actividades económicas más descollantes. No implica —como expone el autor— solo transferencias de bienes o servicios; comprende, además, una serie de elementos, entre los que se incluyen la cultura, la tecnología y los sistemas jurídicos. Por esta razón, el comercio internacional tiene efectos directos, mediante la penetración cultural o la interferencia política, tanto en las empresas transnacionales como en los Estados receptores y su población. Sierralta, teniendo en cuenta estos nuevos elementos que se ven afectados por la actividad económica, propone una nueva teoría: la teoría evolutiva del comercio internacional. Esta se plantea no solo como un enfoque teórico, sino también como el desarrollo de la interdependencia entre los actores y el factor tiempo en el comercio.
El libro se divide en tres partes. La primera se centra en la nueva teoría. La segunda parte menciona las fases que esta comprende y la desglosa en siete capítulos: las exportaciones de commodities, las exportaciones no tradicionales y las manufacturas, las exportaciones de servicios, la inversión extranjera, la dominación tecnológica, la penetración cultural y la interferencia política. Finalmente, en la última parte, el autor propone, a través de propuestas y recomendaciones, un plan integrador entre las partes que interactúan en el comercio internacional. Asimismo, debemos resaltar que el autor ha tomado como referencias diversos ejemplos y fuentes de doctrina especializada, tanto nacional como internacional, para explicar y fundamentar los temas que desarrolla en su libro.
Sierralta expone los elementos que actualmente constituyen el comercio internacional, así como las diversas categorías ius-económicas surgidas de las modificaciones que dicha actividad ha sufrido a causa de la globalización. Debemos entender el comercio internacional como una actividad que va más allá del libre intercambio de mercancías y servicios: implica corrientes financieras, tecnología, inversión, entre otros; es decir, está compuesto por una múltiple red de elementos, actores y factores.[1] Esto lleva a la interacción de las culturas empresariales y nacionales.
Teniendo en cuenta los diversos ámbitos en los que repercute el comercio internacional, se considera necesaria una adecuada regulación por parte del Estado, con la finalidad de que este garantice la protección de las libertades comerciales, la inversión, la población, el medio ambiente y la cultura. Como consecuencia directa de ello, se genera la adaptación del derecho[2] bajo criterios de armonización legislativa, o bien la limitación de la soberanía estatal y la creación de modelos contractuales.[3]
A continuación, se desarrollan las ocho principales teorías del comercio internacional (teorías clásica, de ventajas comparativas, neoclásica, cepalina, de la dotación de recursos, regulatoria, de las ventajas competitivas y de la geografía económica), señalando no solo los postulados de cada una, sino también sus deficiencias. Se concluye que, debido a los cambios generados por la globalización, la inexistencia de un comercio libre y no necesariamente justo, así como al desarrollo descuidado del comercio internacional, es necesario postular una nueva teoría: la evolutiva.
La teoría propuesta tiene en consideración no solo los diversos actores y factores del comercio internacional, sino también las manifestaciones de dominio, condicionamiento o determinación de conductas que afectan la cultura. Cuenta, además, con fases, las cuales no son cancelatorias, sino, por el contrario, concatenadas, coexisten unas con otras. La primera es la exportación de commodities, seguida por la de manufacturas y esta, a su vez, por la de servicios; la cuarta fase corresponde a la inversión extranjera; la quinta, a la denominación tecnológica; viene a continuación la penetración cultural y, por último, la interferencia política. La teoría evolutiva, asimismo, se rige por principios como el dinamismo del comercio, la causalidad, la competencia, la generación, la concatenación y la paracomercialidad.
Con respecto a los actores u operadores, se puede indicar que están divididos en dos grandes grupos. El primero son los actores formales,[4] aquellos que cuentan con una organización, nacimiento legal y presencia directa; los actores informales,[5] en cambio, carecen de organización y conformación legal. Si bien cada grupo cuenta con sus propios objetivos y estrategias, en varias ocasiones trabajan de manera concertada para lograr ciertas metas que tienen en común. Un aspecto importante que resalta el autor es la posible parcialidad que ciertos actores podrían tener, y que no necesariamente se alinean con sus propios objetivos sino por intereses particulares.
En cuanto a los cambios en los medios de transporte, se explica que este factor impulsa el proceso evolutivo; así, las posibles mejoras en este ámbito facilitarán la llegada a nuevos destinos con mayores y nuevos productos, y a menores costos[6] Tales cambios pueden llevar, en principio, a que se perfeccione el conocimiento, pero también a innovaciones tecnológicas que muevan a la industria a diseñar o a mejorar productos, servicios, etc. Acerca de ellas, cabe precisar que son impulsadas por investigaciones adecuadas y el desarrollo de tecnologías, algo que los países líderes en este ámbito promocionan y a lo cual destinan considerables incentivos.
Una de las consecuencias de la innovación tecnológica y de las necesidades del mercado es la diferenciación de los productos ofrecidos. En la actualidad, los mercados son cada vez más exigentes; las necesidades y la preferencia de los consumidores han variado, tanto así que ahora son relevantes, por ejemplo, la composición natural del producto, el procesamiento o mejoramiento tecnológico, la comercialización, etc. En concordancia con lo señalado por el autor, es menester indicar que la diferenciación implica una gran fortaleza ante la competencia internacional; por ello, es importante que los Estados cuenten con la regulación e incentivos necesarios para impulsar la diferenciación en los productos nacionales.[7]
Otro aspecto vinculado a la teoría evolutiva es el espíritu de competencia, ya que este promueve los diversos factores involucrados en la actividad comercial. Sin embargo, una competencia desmedida y que deje de lado principios como los de la solidaridad y la cooperación puede generar consecuencias negativas en diferentes aspectos, como en los económicos, los sociales, entre otros.
La primera etapa de la teoría propuesta es la exportación de commodities, es decir, de materias primas, recursos naturales.[8] Países geográficamente privilegiados pero que no cuentan con la tecnología ni el capital necesarios para industrializarlos asumen esta etapa como un primer impulso para ingresar o posicionarse en el mercado internacional. Esto es muy común en países de América Latina; incluso en nuestros días, las economías de la región se caracterizan por ser exportadoras significativas de materias primas, al punto que existen países sumamente privilegiados por la naturaleza que no realizan ningún esfuerzo por exportar o por industrializarse; les basta que otros Estados o empresas transnacionales se acerquen a ellos para efectuar la compra.
El derecho tuvo que adaptarse a esta nueva forma de comercio, siendo así que propuso modelos contractuales específicos para cada producto natural. Otra de las formas que surgieron ante el crecimiento de este tipo de exportaciones es la bolsa de productos o de mercaderías, uno de los mecanismos más efectivos para el control de las materias primas.
La segunda etapa de la teoría evolutiva es la exportación de manufacturas, caracterizada por la transformación de las materias primas. El carbón y la Revolución industrial fueron dos grandes factores que impulsaron dicha etapa en Europa occidental y en Estados Unidos. Siguiendo la misma línea, América Latina inició esta fase a inicios del siglo XX debido a que las empresas dedicadas a la extracción y exportación de materias primas comenzaron a instalar plantas de procesamiento vinculadas a aquellas que explotaban. No obstante, para un adecuado desarrollo, es necesario que el Estado mejore su estructura administrativa y establezca tanto incentivos de promoción para el sector exportador como una adecuada regulación. Es menester indicar que el desarrollo de las manufacturas demanda fundamentalmente tres consideraciones: crecimiento industrial, conocimiento de canales de comercialización y logística adecuada.
En la década de 1960, las empresas latinoamericanas iniciaron el proceso de internacionalización basando sus estrategias principalmente en adecuar el producto al mercado donde pretendía ingresar, fortaleciendo así su capacidad comercial y de dominio del mercado. Recurrieron, asimismo, a la concertación empresarial, motivada por la necesidad de establecer mecanismos para la toma de decisiones según los diferentes mercados y de conocer el comportamiento del consumidor. Finalmente, se radican en el mercado de mayor consumo, y para ello se basan en cuatro ejes: el mercado, los costos, la fuerza gubernamental y la competencia.[9]
A pesar de las estrategias de internacionalización de las empresas latinoamericanas, existen en el proceso obstáculos que pueden ser clasificados en dos tipos: los exógenos, conformados, por ejemplo, por barreras y restricciones de países industrializados; y los endógenos, consistentes en las propias limitaciones del parque industrial. Sobre este punto el autor menciona que países como Argentina, Brasil, Colombia y Chile —naciones que han consolidado esta etapa— recibieron apoyo del Estado mediante subsidios, asesoría especializada, beneficios fiscales, entre otros; en el Perú, en cambio, se ha dogmatizado el criterio de no subsidiar y no exonerar.[10]
La tercera etapa es la exportación de servicios, obligatoria para consolidar la etapa de exportación de manufacturas;[11] constituye, además, un importante mecanismo que facilita el desempeño del sector exportador. Aquellas compañías que realizan actividades en los mercados extranjeros necesitan diversos servicios agregados, tales como estudios de márketing, asesoría jurídica, entre otros; por ello, quienes incursan en el área de servicios están motivados por dos principales factores: la inercia de penetrar y afincarse en los mercados externos, y la reducción de los márgenes de ganancia, ocasionada por la expansión de la competencia. En caso de no participar en dicho sector, tanto los países exportadores como las empresas quedan a merced de los Estados y transnacionales que controlan el mercado.
Según lo estipulado en el GATT, los servicios se pueden clasificar en once categorías: telecomunicaciones, medioambientales, financieros (y de seguros), transporte (marítimo, aéreo, terrestre, lacustre), educacionales, audiovisuales, construcción pesada e ingeniería de consulta, distribución (almacenamiento, envase y embalaje), servicios de salud y sociales, turismo y viajes, y, finalmente, recreacionales, culturales y deportivos[1]12.
Cuando hablamos de inversión extranjera, nos encontramos en la cuarta etapa de la teoría evolutiva; nos referimos a países industrializados y empresas transnacionales que buscan emprender, ampliar sus recursos e inversiones en países que se encuentran en desarrollo.
Acerca de la inversión extranjera, Sierralta menciona que no existe una definición universalmente aceptada.[13] Ante la imprecisión, y en un intento por definirla, el autor hace un análisis a partir de diversos aportes doctrinarios, organismos internacionales, jurisprudencia internacional, derecho comparado o legislación interna, tratados y acuerdos internacionales. Llega a la conclusión de que debemos entender por inversión extranjera cualquier ejecución de emprendimiento o proyecto que persiga un vínculo económico duradero e involucre recursos o aportes que efectúa un país denominado inversor hacia un país receptor o anfitrión, en un plazo determinado por ambas partes y destinado a la producción o realización de acciones dentro de los planes nacionales de desarrollo del país receptor.[14] Además, se incluye la interacción de algunos elementos básicos que caracterizan a la inversión extranjera: los sujetos, tipos o formas de aportes de inversiones, duración y riesgo que asumen los inversionistas y medidas de protección.
Desde el punto de vista del autor, se entiende que toda inversión extranjera trae ventajas para las partes involucradas en ella. Esto significa que, por un lado, constituye un beneficio para el país receptor, que carece de los recursos necesarios para desarrollarse y lograr el bienestar de su población. Por otro lado, el país inversor y el inversionista se benefician debido a la transferencia de lucros;[15] para obtener estos beneficios, sin embargo, el inversionista debe considerar los límites y costos que implica invertir en otro país, como las normas relativas del país receptor, la seguridad pública, el orden público interno e internacional, el respeto de los tratados con otros Estados. De igual manera, Sierralta menciona el tratamiento que deben recibir dichas inversiones, como que se les otorgue igualdad de condiciones con la inversión nacional —ya sea ante la ley del país receptor y bajo el principio de reciprocidad—, de modo que goce de respeto y protección. Para que se genere esta relación simétrica, los países receptores deben adecuar sus normativas y lineamientos a los estándares generales de tratamiento, como el trato justo y equitativo, no discriminatorio, así como la cláusula de la nación más favorecida. Igualmente, estas grandes inversiones necesitan mecanismos de protección para amparar sus intereses, aportes y propiedades; por esta razón, el autor propone varios mecanismos, como la protección a la propiedad privada del inversor; garantías contra riesgos que pueden surgir para los inversionistas cuando ingresan a terceros países y que pueden ser amparados por organismos como el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA) y la Corporación para Inversiones Privadas en el Extranjera (OPIC); mecanismos de solución de conflictos especializados en el ámbito de inversión extranjera, como el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), los ya mencionados MIGA y OPIC, y el Entendimiento sobre Solución de Diferencias (ESD) de la OMC; convenios de estabilidad jurídica; acuerdos de protección de inversiones; y convenios de doble tributación.
Dicho esto, para captar la inversión extranjera, los países deben contar con estabilidad política, económica y social, liberalización de mercados y una legislación favorable para los inversionistas. Por ello, algunos países en desarrollo —específicamente los de América Latina— optan por realizar cambios en sus legislaciones, mercados y planes de desarrollo para atraer inversiones de países industrializados y empresas transnacionales.
En cuanto a la quinta etapa, el autor menciona el dominio tecnológico. Lo describe como aquella acumulación de conocimientos científico-tecnológicos que los países adquieren y ganan en la interacción del comercio internacional; cuando estos conocimientos sean organizados y sistematizados, podrán actuar con mayor dimensión en los mercados. En tal sentido, gracias a dichos conocimientos, países como los industrializados y empresas transnacionales que se han expandido y posicionado en el mercado internacional han logrado añadir valor a sus productos y servicios, e introducirse en otros ámbitos del comercio o en el control de otras industrias. Por lo que, para amparar estos conocimientos y aportes científicos, los actores económicos buscan medidas de protección mediante normativa internacional[16] referente a la protección de sus derechos sobre la propiedad intelectual.
Sin embargo, el dominio tecnológico, así como brinda grandes beneficios de innovación, también puede afectar el espacio de las personas y el medio ambiente. No obstante, para que este no se vea perjudicado, es importante que exista un control sobre el desarrollo de las grandes empresas mediante leyes y regulaciones de los países donde actúan. De igual manera, Sierralta menciona cinco desafíos que enfrenta esta etapa para el beneficio de la humanidad: la velocidad de su desarrollo, que muchas veces no es uniforme, sino asimétrico, con lo cual altera la evolución biológica; la creación, protección e innovación de los conocimientos indígenas; la protección de la propiedad intelectual frente a la piratería; la contaminación y el cambio climático, para lo que deben establecerse políticas de protección al medio ambiente, de modo que se alcance el buen desarrollo de los individuos; y, finalmente, el desafío ético que se presenta ante el desarrollo de nuevas tecnologías, cuyo uso puede ocasionar problemas o cuestionamientos éticos.[17]
El derecho se ha visto impactado por la revolución tecnológica generada por los países industrializados y las empresas trasnacionales, lo que ha ocasionado grandes problemas y dificultades en su intento de regulación debido a la velocidad y variedad de su evolución. Es así que, debido a esta falta de medidas de protección, algunos países han optado por protegerse mediante barreras fronterizas; sin embargo, esto ha generado que el conocimiento tecnológico se expanda mediante acciones coercitivas a través de los tratados de libre comercio, para aprovechar el desnivel de conocimiento de una de las partes, o bien mediante foros internacionales.[18] Por ello, es importante que los países regulen la transferencia tecnológica en sus normas legales, brinden seguridad jurídica a sus empresas y proporcionen herramientas que protejan tanto a la comunidad nacional como a la internacional, además de medidas para solucionar conflictos que garanticen la correcta defensa de los intereses de ambas partes.
La sexta etapa de la penetración cultural tiene una función importante dentro de las fases del comercio internacional, ya que desde antes del ingreso al mercado de un país hasta el momento en que se tiene el dominio, los actores económicos —países o empresas transnacionales— deben conocer aspectos de espacio, cultura, costumbres, valores, entre otros, porque de ello depende cuánto van a cautivar al país donde invierten y, de esta manera, lograr sus objetivos de crecimiento y beneficios lucrativos. Los países o empresas transnacionales inversoras deben, pues, acondicionar sus estrategias, herramientas, servicios y productos para ingresar pacíficamente al mercado del país receptor sin sufrir alteraciones que puedan surgir a causa de la política interna del país en cuestión.
Mientras el comercio internacional se desarrolla, también ocurre lo mismo con las relaciones entre los actores económicos, sobre las cuales influyen diversos aspectos, como los éticos, legales o económicos, medios tecnológicos, que pueden terminar dando lugar a una colisión entre las partes a causa de una confrontación cultural.[19] Por ello es importante que el comercio internacional imponga el respeto de las identidades de los países y la práctica de solidaridad, sin necesidad de intentar englobar todo el mercado bajo reglas únicas y uniformes que no permitan reconocer la diversidad e interacción de los diferentes mercados.
De este modo, Sierralta menciona que diversas referencias culturales han impactado en el ámbito del derecho, a causa de la dinámica de las empresas transnacionales por tener el dominio absoluto del mercado. Como resultado de esto, los nuevos poderes disponen de categorías jurídicas novedosas e incluso de un sistema jurídico único, con lo cual se ha creado un ambiente desconocido, indefinido y alterado.
En consecuencia, el orden jurídico debe tomar en cuenta a todos los actores del mercado internacional, sobre la base de una relación colectiva donde cada uno se haga responsable de políticas públicas, producción sostenible y del consumo racional de recursos naturales y del medio ambiente.[20] Es así que por la nueva dinámica del comercio internacional y los cambios e impactos que ha tenido, el ámbito del derecho ha logrado ampliar sus dos ramas tradicionales del derecho internacional público y privado, dando lugar al derecho internacional del comercio, derecho internacional, derecho del desarrollo, derecho económico internacional y derecho de los negocios internacionales, con el afán de orientar y proteger a los actores del comercio internacional.
Finalmente, la última etapa de la teoría evolutiva se refiere a la interferencia política, cuando los países industrializados y las empresas transnacionales buscan obtener poder político en el país receptor para imponer sus decisiones y lograr objetivos a corto plazo.[21] Esta interferencia puede existir no solo entre países desarrollados y países en vías de desarrollo sino también entre los mismos países desarrollados, a través de grupos económico-financieros, o entre los mismos países en vías de desarrollo. Es así que el poder de las grandes corporaciones, bancos y empresas industriales influye en las decisiones internas del país receptor, de modo que este no altere o afecte sus estrategias de inversión mediante alguna normativa, política o decisión que tome.[22]
De igual manera, dicha interferencia puede ocurrir en diversas circunstancias y espacios geográficos, y traer consigo contingencias en la limitación al poder político del Estado soberano, así como corrupción en las relaciones comerciales que se generan entre los funcionarios del Estado y las empresas transnacionales con el único fin que esta última pueda asegurar la protección sus inversiones. A ello se suma un impacto en la ética, la moral y las instituciones. En este último caso, se menciona que los actores pueden influir de manera directa o a través de diferentes canales, como la prensa escrita, radial y televisiva, el lobby, que actúa con las fuentes generadoras de decisiones políticas y legislativas para obtener apoyo sobre una posición empresarial, así como las grandes empresas de consultoría y estudios de abogados.[23]
En tal sentido, la democracia y el Estado soberano pueden, en esta etapa, encontrarse debilitados por las acciones de los países industrializados y de las empresas transnacionales que cuentan con grandes inversiones y dominio tecnológico, y que por esto consideran que deben tener el poder absoluto del mercado. No obstante, el Estado, para superar esta debilidad, debe desarrollar, en su plan nacional, medidas de protección que le permitan priorizar el bien común de sus ciudadanos frente a las posibles prácticas abusivas de estos actores económicos.
A modo de conclusión, Sierralta señala que el comercio internacional es una actividad interdisciplinaria que implica un proceso dinámico; sin embargo, se debe tener en cuenta que en la actualidad existe una interacción entre las cuestiones culturales, las presiones económicas de la globalización y los intereses de las grandes empresas transnacionales. En este sentido, para aprovechar de manera óptima los beneficios del comercio internacional, es necesario establecer lineamientos básicos en un acuerdo o plan nacional, teniendo en consideración la dimensión histórica, loa aspectos culturales y étnicos, para su buen funcionamiento y evitar conflictos que puedan surgir entre los actores.
Continuando con la postura del autor, es menester indicar que todo Estado que decida internacionalizarse necesita contar con un plan estratégico. Este es el conjunto de pautas de acción para ingresar o expandirse en el mercado internacional o para posicionarse dentro de este en un determinado tiempo; asimismo, se deben identificar tanto las oportunidades como las restricciones internas del mercado adonde se pretende ingresar o expandirse. Un aspecto importante del mencionado plan estratégico es la flexibilidad, ya que el mercado es una consecuencia de las exigencias del consumidor.
Para una adecuada estructuración del plan estratégico es importante contar con cuatro elementos: establecer la misión, el conocimiento de las condiciones del ambiente internacional, determinar fortalezas y debilidades del ambiente nacional, y la estrategia que se ha de seguir para actuar en los mercados internacionales.
Los desafíos que enfrentan los países de América Latina al implementar el plan o acuerdo nacional son los siguientes: la imposición del sistema financiero, la ausencia de democracia en los organismos multilaterales, la imposición de una cultura y la destrucción del medio ambiente. A pesar de ello, se deben resaltar los esfuerzos de ciertos países por contar con oficinas, direcciones o hasta ministerios dedicados a la planeación estratégica, como Brasil, México, Argentina, Cuba, Costa Rica, entre otros; este no es el caso, lamentablemente del Perú, pero vale indicar que sí se ha estudiado y planteado el tema desde el CAEN y en los aportes del Indecopi.
Continuando en la misma línea de razonamiento, el autor señala la importancia de las políticas públicas que deben desarrollar los países dentro de su plan nacional y que sirven como eje principal para el correcto funcionamiento del comercio internacional. Estas políticas deben caracterizarse por ser viables, realistas y justas, con el objetivo de incrementar inversiones y mejorar la calidad de vida de las poblaciones. Sierralta desarrolla ciertos criterios que deben tener las políticas públicas: comprender, por ejemplo, que la salud es un derecho fundamental y no una expresión de servicios, de manera que los Estados adopten políticas nacionales de salud pública para establecer y mejorar dicho sistema. Lo mismo se aplica al sector educativo.
Otro aspecto relevante al que se refiere el autor es la captación y el fomento de las inversiones. Según Sierralta, el plan nacional debe identificar aquellos sectores de interés y productivos del Estado con el fin de incentivar las inversiones en ellos. De igual manera, menciona la infraestructura tecnológico-científica, orientada a desarrollar y exportar productos de alta tecnología con el fin de demostrar la capacidad de innovación que posee el país e integrarse a la etapa de dominio tecnológico.
Otro criterio señalado por el autor es la competencia frente a la excelencia o el perfeccionamiento. La competencia es considerada origen de conflicto, ya que, aplicada al libre comercio, ha dado origen a mecanismos restrictivos y desleales que afectan a países con pobres estructuras administrativas y profesionales; corresponde, por lo tanto, incentivar políticas de excelencia y perfeccionamiento, junto con la protección de la libre competencia, que permitan fortalecer a las empresas latinoamericanas frente a las transnacionales.
Adicionalmente, el autor considera importante el fortalecimiento de las organizaciones privadas y de la sociedad civil, así como del sistema jurisdiccional y la lucha contra la corrupción. De ahí que resulta relevante considerar que las políticas públicas deben estar regidas por principios de solidaridad, reciprocidad, subsidiariedad, honestidad, austeridad y el respeto mutuo. Considera importante también incentivar la investigación académica y el desarrollo universitario, el resguardo de la cultura nacional, y un proceso de integración latinoamericana. Otro aspecto por desarrollar en las políticas públicas es la promoción y consolidación de las marcas nacionales como estrategia de internacionalización, debido al valor agregado que, de esta manera, se le brinda al producto; también es relevante lograr un equilibrio económico, comercial y militar; a todo ello se le deben sumar el control o regulación de la explotación industrial de las materias primas y la defensa del medio ambiente.
La determinación de áreas sensibles se refiere a aquellas áreas o sectores económicos de un país susceptibles de verse afectadas por las inversiones extranjeras; a manera de prevención y protección, se debe crear un sistema de alerta temprana sobre prácticas desleales, así como mecanismos para la solución de controversias.
Después de analizar el presente libro, consideramos que en nuestros días el comercio internacional constituye una actividad compleja donde confluyen diferentes actores, elementos y factores, y es de suma importancia para el desarrollo de las economías nacionales; sin embargo, no se deben descuidar ni la industria nacional ni las consecuencias sociales y financieras del ingreso de la inversión o actividad económica extranjeras. Es, pues, importante y necesario que los países en desarrollo cuenten con un plan estratégico, con pautas de acción para la inmersión o posicionamiento en otros mercados; se promoverá, así, el crecimiento adecuado de la economía del país y se podrán destinar correctamente las inversiones extranjeras hacia sectores que necesitan desarrollarse.
1. Aníbal Sierralta Ríos, El comercio internacional y su impacto en la cultura y el derecho (Lima: Universidad ESAN y CIAC, 2018), 32.
2. El autor menciona que se han creado diversas categorías ius-económicas como el dumping, la propiedad intelectual, los subsidios, entre otros, que, por lo general, favorecen a la parte más poderosa de la relación comercial.
3. Sierralta, El comercio internacional, 35.
4. Entre los actores formales tenemos al Estado, los organismos multilaterales (ONU, OMC, OCDE, FMI, BM, BID, entre otros), los organismos internacionales (CAN, Mercosur, APEC, Asean, ALBA), las empresas transnacionales, las bolsas de productos, las fundaciones y los organismos no gubernamentales.
5. Se consideran dentro de los actores informales a los movimientos migratorios, la sociedad civil y la delincuencia organizada.
6. Sierralta, El comercio internacional, 175.
7. Sierralta, El comercio internacional, 178.
8. Productos provenientes tanto de la agricultura como de la minería. Los principales son: alimentos tropicales, minerales, petróleo, cereales, gas y fertilizantes.
9. Sierralta, El comercio internacional, 250-268.
10. Sierralta, El comercio internacional, 76.
11. El autor menciona como ejemplo a la empresa chilena Ripley, la cual, con la finalidad de agilizar e incrementar las ventas en sus tiendas de almacenes, estableció un sistema de financiamiento al consumidor mediante la creación de una tarjeta de crédito y del Banco Ripley.
12. Sierralta, El comercio internacional, 311.
13. El autor menciona que el término inversión extranjera se usa para designar una forma de internacionalización del capital que se radica en un determinado país, denominado receptor o anfitrión, pero que también sirve para indicar un derecho protegido por un tratado bilateral o multilateral de protección o resguardo de inversiones.
14. Sierralta, El comercio internacional, 405.
15. Sierralta, El comercio internacional, 424.
16. El autor menciona la Convención de Viena de 1980, que reguló la compraventa internacional, así como otros tratados de libre comercio entre Estados Unidos y países latinoamericanos.
17. Sierralta, El comercio internacional, 511.
18. Sierralta, El comercio internacional, 526.
19. El autor menciona la diferencia sobre la noción del tiempo: mientras los inversores buscan recuperar sus inversiones con rapidez debido a sus criterios de eficiencia económica, las poblaciones nativas conciben el tiempo como horizontal y prolongado; lo que puede originar conflictos sociales.
20. Sierralta, El comercio internacional, 696.
21. Uno de los diversos ejemplos que usa el autor para explicar la interferencia política es el caso Lava Jato o «Castillo de arena», que demuestra la relación del Estado brasileño con sus empresas transnacionales, destinadas a conquistar los mercados externos, y que llegaron a la interferencia política mediante actos de corrupción que afectaron gravemente a los Gobiernos de varias naciones latinoamericanas.
22. Sierralta, El comercio internacional, 92.
23. Sierralta, El comercio internacional, 770, 776.