Giuristi: Revista de Derecho Corporativo / ISSN 2708-9894

LA TUTELA DE LOS DERECHOS DE PERSONAS DE CUARTA EDAD EN FUNCIÓN DE SU VULNERABILIDAD

The Protection of the Rights of elderly People depending on their Vulnerability

A proteção dos direitos dos idosos em termos de sua vulnerabilidade

Manuel Bermúdez Tapia

Universidad Carlos III, España

Orcid: http://orcid.org/0000-0003-1576-9464

100478681@alumnos.uc3m.es

Resumen

El estudio de la población de adultos mayores en los ámbitos económico, jurídico y sociofamiliar revela algunas características y condiciones que no son visibles en el diseño de las políticas públicas y criterios de participación comercial de los proveedores de bienes y servicios en una sociedad de consumo. Una distinción que permite generar una subdivisión en este grupo poblacional se fundamenta en las características particulares que adquieren los mayores de ochenta años. Esto da lugar a dos categorías autónomas que transforman el enfoque tradicional como se han evaluado los derechos de estas personas.

Palabras clave: adulto mayor, población de cuarta edad, vulnerabilidad, ancianidad, accesibilidad a derechos.

Abstract

The study of the elderly population in the economic, legal, and socio-familial realms reveals certain characteristics and conditions that are not apparent in the design of public policies and commercial participation criteria of providers of goods and services in a consumer society. A distinction that allows for a subdivision within this population group is based on the particular characteristics acquired by those over eighty. This results in two autonomous categories that transform the traditional approach to evaluating the rights of these individuals.

Keywords: older adults, fourth-age population, vulnerability, old age, accessibility to rights.

Resumo

O estudo da população de idosos nas esferas económica, jurídica e sociofamiliar revela algumas características e condições que não são visíveis no desenho de políticas públicas e nos critérios de participação comercial dos fornecedores de bens e serviços numa sociedade de consumo. Uma distinção que permite gerar uma subdivisão neste grupo populacional baseia-se nas características particulares adquiridas pelos maiores de oitenta anos. Isto dá origem a duas categorias autónomas que transformam a abordagem tradicional de como os direitos destas pessoas têm sido avaliados.

Palavras-chave: adulto mais velho, população da quarta idade, vulnerabilidade, velhice, acessibilidade aos direitos.

1. Introducción

Al evaluar la realidad sociofamiliar peruana, es común asumir situaciones referenciales absolutas^[1] y descartar elementos que no se han analizados diligentemente, lo que amplifica el contexto de vulnerabilidad de personas y colectivos que no cuentan con una gran cantidad de casos o expedientes judiciales.

En este sentido, el acceso a la tutela de derechos ya representa un problema significativo para algunos miembros de grupos vulnerables debido a razones de salud o condiciones físicas^[2], legales o económicas, porque deben superar las situaciones impuestas por sus propias familias para lograr una tutela de sus derechos fundamentales, en particular, lo que respecta a su libertad personal y económica^[3].

La población de la tercera edad asume esta realidad debido a razones personales, familiares o físicas, cada vez que no pueden valerse por sí mismos ni ejecutar acciones de carácter personal, privado o legal, ya que se ven condicionados por sus familiares^[4] y por la legislación que los limita en el ejercicio de sus libertades, pese a tener la condición de dignidad y de ser «sujeto de derechos»^[5].

Esta situación permite distinguir las condiciones y niveles de ejercicio de derechos, en donde los familiares de los adultos mayores desarrollan sus propias expectativas e intereses sobre los derechos futuros que podrían obtener, en ocasiones, de forma maliciosa o temeraria^[6]. Por ello es conveniente dividir a la población de adultos mayores^[7] para identificar la subcategoría de la cuarta edad, que se ubica sobre los ochenta años. Este es un grupo que adquiere condiciones especiales como consumidores y como población vulnerable, mientras que la legislación asume condiciones automáticas que resultan disfuncionales e inconstitucionales.

1.1 Materiales y método

El presente artículo responde a un estudio preliminar a nivel cualitativo, derivado del análisis de elementos dogmáticos de la especialidad del derecho de consumo; de la evaluación de criterios normativos y teóricos para la tutela de los derechos de grupos en situación de vulnerabilidad elevada; de la evaluación del margen de casos judicializados en el ámbito convencional; y de las estadísticas que se registran en los estudios del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) sobre la realidad nacional. Al respecto, se ejecuta un análisis de diseño observacional, analítico y aplicativo a la realidad judicial nacional, a efectos de identificar a la población de la cuarta edad y demostrar la limitación de sus libertades y derechos en el ámbito patrimonial y económico, causada por una legislación que permite el abuso de derecho y la creación de expectativas patrimoniales disfuncionales en una economía de mercado. Además, se examina un contexto de violencia que, pese a la potencial acreditación de situaciones que atentan contra la dignidad de las personas mayores de ochenta años, no llega a ser evaluado en el ámbito judicial^[8].

De esta manera, el objetivo es demostrar la autonomía de este subgrupo dentro de la población de personas mayores, porque sus condiciones y actividades les permite ubicarse en un ámbito particular^[9], al ser potencialmente consumidores especiales. Su autonomía y libertad económica y patrimonial respecto a su propiedad se ven limitadas por una legislación que se basa en un elemento histórico disfuncional en una sociedad contemporánea.

Respecto a la evaluación de la jurisprudencia significativa, se han considerado los contenidos de las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, conforme al siguiente esquema:

2. La identificación de personas y colectivos vulnerables y la evaluación de su vulnerabilidad

En una sociedad en crisis como la peruana, es relativamente sencillo asignar categorías sociojurídicas en la evaluación de la situación de un colectivo específico o de personas sujetas a determinadas variables en un estudio. En este sentido, podría decirse que existe una perversión en el uso de la vulnerabilidad como criterio para etiquetar a un universo-población-muestra en cualquier estudio de carácter social, conforme los argumentos de Florencia Luna^[10]. De acuerdo con este enfoque, no todo puede ser considerado como vulnerable, y resulta exagerado e infundado que se pretenda extender esta condición. De hacerlo, provocaría una percepción peyorativa a la misma perspectiva de daño que pueda sufrir una persona o un grupo. Bajo estos criterios, surgirían niveles de afectación, y la determinación de estos grados provocaría posiciones antagónicas, excluyentes e insostenibles en el ámbito teórico, en especial cuando se ejecuten estudios comparativos entre diferentes disciplinas jurídicas y sociales, tal como ocurre en estudios sobre políticas fiscales o evaluación de políticas asistenciales^[11].

En este punto, es posible identificar los defectos en el estudio de la violencia vicaria, los cuales no resisten un análisis criminológico o basado en elementos penales. La categoría de sujeto activo de una acción ilícita que causa perjuicio a una víctima no puede ser asignado exclusivamente a las mujeres, porque la victimología no debería excluir de estos estudios los casos de alienación parental o de obstrucción de vínculo, que usualmente ejecutan las madres en contra de sus exparejas^[12], lo que genera un impacto perjudicial en la progenie.

Sin embargo, en el ámbito de la evaluación de colectivos, hay un consenso académico en afirmar esta categoría en las personas de la tercera edad debido a los siguientes factores:

• Porcentaje poblacional y demográfico a nivel de ciudades y a nivel país^[13].

• Diferencias por subniveles en la población de adultos mayores, tanto a nivel general en el país como a nivel demográfico en las ciudades, sobre todo en el ámbito urbano.

  En este sentido, la disparidad demográfica y la ubicación de la población de adultos mayores que superan los ochenta años no ha sido identificada plenamente en el ámbito rural, conforme se puede desprender de la interpretación de las estadísticas del INEI^[14].

• Condiciones de salud, accesibilidad a servicios y vínculos con elementos económicos, financieros, previsionales o patrimoniales respecto al factor sexual, por cuanto la categoría género no aplica en esta evaluación^[15].

• Condiciones de discapacidad^[16].

• Limitaciones en el ámbito de la salud propias de la edad^[17].

• Dependencia económica de familiares directos, lo que implica atención de necesidades personales^[18].

• Dependencia económica de familiares en forma indirecta^[19], lo que implica atención de necesidades personales^[20].

• Condiciones limitadas de disponibilidad económica en niveles de pobreza y pobreza extrema que limitan la atención de las necesidades básicas y provocan una condición negativa en la accesibilidad a servicios públicos^[21].

• Dependencia económica del Estado^[22].

Sobre estos elementos, la vulnerabilidad se determina en función de la capacidad, autonomía y asistencia de terceras personas a favor de un adulto mayor^[23], y se categorizan cuatro grados: vulnerabilidad muy baja, baja, media y alta.^[24]

Consecuentemente, la evaluación de la situación de los adultos mayores implica no solo una evaluación individual, colectiva y genérica sobre esta población, por cuanto la información no es un factor referencial y objetivo automático. Esto implica la invisibilidad de varios elementos de evaluación que amplifican una condición de vulnerabilidad^[25], la cual incide directamente en las acciones de planificación de políticas públicas por parte del Estado^[26].

Esta referencia tiene un impacto directo en la categorización de población vulnerable, porque las condiciones de salud, accesibilidad a servicios, relaciones familiares en términos económicos y el nivel de atención de necesidades básicas^[27] implican elementos que requieren una evaluación particular y especial. Aspectos que no se ejecutan en forma ordinaria porque el Estado y la sociedad asumen que los adultos mayores estarán bajo el cuidado de sus familias, sin tomar en cuenta que las expectativas, intereses y derechos de esos familiares pueden no coincidir. Esto genera una condición contradictoria respecto a la justicia^[28].

Situación que permite observar casos de abuso de derecho por parte de los familiares, violencia contra personas mayores y condiciones negativas para la autonomía y capacidad de estas en los ámbitos previsional, judicial^[29] y de políticas de asistencia social para la tercera edad, pese al registro de familiares que podrían atenderlos.

En la evaluación de estas condiciones, se hará uso de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre las condiciones derivadas de los derechos de los adultos mayores en el ámbito de la defensa de sus derechos previsionales y Culturales (DESC)^[30].

3. La división de la población de adultos mayores y sus características

Los adultos mayores, al igual que la mayoría de grupos humanos en situación de vulnerabilidad^[31], representan un porcentaje poblacional específico con características particulares y especiales. El estudio de sus requerimientos requiere evaluar variables exclusivas para este sector, principalmente porque las condiciones de salud, accesibilidad a servicios de atención médica, previsional y legal, así como las referencias de familiaridad, inciden directamente en su estilo y calidad de vida.

En este ámbito, es posible diferenciar a la población de adultos mayores en dos subcategorías. La definición tradicional, detallada en la Ley 28803, identifica a toda la población de adultos mayores como aquellas personas de sesenta años en adelante. Sin embargo, en el ámbito de los consumidores, la población a partir de los ochenta años se distingue de manera diferente a aquellos que se encuentran en una franja de edad inferior.

Conforme a este criterio de evaluación, ampliado a lo que tradicionalmente se registra en el ámbito del diseño de políticas públicas a favor de adultos mayores, es posible identificar cuatro nuevas variables de estudio que modifican los valores de la tabla 2: la dimensión demográfica, las condiciones de salud personal, la autonomía y libertad de un adulto mayor y las condiciones familiares en las cuales se desarrolla un adulto mayor.

Una evaluación, sobre la base de las condiciones sociofamiliares y jurídicas que pudiera desarrollar una persona en una condición de adulto mayor^[32], permite identificar que la capacidad, en el ámbito probatorio^[33], puede diferenciarse entre el grupo de personas por debajo y por encima de los ochenta años de edad.

Consecuentemente, ambos subgrupos no pueden ser identificados como un único grupo poblacional, porque responden a condiciones, características y ámbitos de evaluación diferenciados^[34]. Al respecto, cabe resaltar que ya se registran acciones por parte de entes estatales en el país que procuran diferenciar estratos dentro de este grupo poblacional para atenderlos de una mejor manera, como ocurre en el Poder Judicial^[35].

4. El mercado, el acceso a bienes y servicios y la capacidad o libertad comercial en el ámbito del derecho de los consumidores

Las sociedades occidentales, al basar su esquema económico-jurídico en la libertad de comercio^[36], han desarrollado un entorno en el cual los consumidores han reemplazado la condición que tenía el ciudadano^[37]. Esto es así porque se valora su incidencia en la relación entre mercado-comercio-oferta/demanda-accesibilidad y disposición de bienes/productos.

Condición que enfatiza la necesidad de adaptar propiedades y métodos de evaluación de las políticas públicas o judiciales^[38], en particular cuando se evalúa al Estado bajo la perspectiva del consumidor razonable^[39] respecto a la manera en que se ejecuta y desarrolla la actividad comercial en la sociedad, conforme al artículo 65º de la Constitución, en el ámbito de las relaciones familiares^[40].

En este contexto, los adultos mayores se convierten en un grupo de consumidores que interactúan con el Estado y el mercado en función de sus necesidades, intereses y condiciones patrimoniales^[41], sobre los cuales se desarrollan criterios y elementos de evaluación que no pueden ser considerados en la misma dimensión que los de un ciudadano en edad promedio^[42], porque el registro de las variables y condiciones sociofamiliares y aquellas derivadas de la salud y edad no pueden ser excluidas^[43].

En ese sentido, los adultos mayores no pueden ser identificados como consumidores, respecto al término usual de su empleo en el ámbito jurídico, por las siguientes razones:

• No pueden acceder a una información en forma diligente, oportuna, eficaz y temporalmente fluida respecto de la atención de sus necesidades, intereses y derechos^[44].

  Por tanto, la información adquiere una condición especial y condicional^[45], por cuanto la memoria y la capacidad de discernimiento de un adulto mayor no son equivalentes a las de un adulto promedio^[46], y por eso las subcategorías en la evaluación de la población de adultos mayores adquiere una importancia significativa.

  En este sentido, el Estado y el mercado no pueden imponer o exigir a los adultos mayores las mismas reglas aplicables al consumidor responsable, porque ello desnaturaliza la condición de dignidad e igualdad aplicable este grupo poblacional de acuerdo con la relación asimétrica que se genera en la comunidad^[47].

• Las condiciones de salud, seguridad y cuidado difieren de las de una persona promedio^[48], en función de los propios rasgos de la edad, condiciones personales y cuidados proporcionados por familiares o terceras personas. El nivel de vulnerabilidad de este grupo poblacional los coloca bajo condiciones relativas de dependencia de terceras personas o familiares, lo que amplifica su condición limitativa en cuanto a su capacidad legal y libertad de acción.

• La atención de las necesidades, intereses y derechos es totalmente diferenciada, tanto dentro del grupo poblacional^[49] como en función de la referencia de edad, especialmente al considerar a quienes están por encima o por debajo de los ochenta años, ya que los niveles de evaluación pueden diferir de forma exponencial.

  Condición que permite la proyección de una adaptación del principio pro consumidor, ya que el adulto mayor no puede ser tomado en cuenta sin considerar el factor edad en el ámbito del comercio y de las reglas aplicables al mercado, sobre todo en el ámbito sanitario^[50].

• El punto precedente permite el desarrollo de la proscripción del abuso de derecho, especialmente por parte de los familiares y personas dependientes de los adultos mayores, sobre todo cuando se registran condiciones económicas, patrimoniales o previsionales involucradas.

Nótese que es posible proyectar la evaluación de la capacidad de disposición de derechos previsionales derivados del cobro de pensión de jubilación cuando un adulto mayor reside en un inmueble donde cohabita una familia amplia. En este contexto, su patrimonio se convierte en un bien familiar, y el rol de la familia debe ser evaluado bajo condiciones en las cuales el adulto mayor no sea manipulado^[51].

Estas condiciones permiten detallar que las relaciones comerciales generadas por la participación de un adulto mayor no deben ser analizadas bajo el parámetro general del derecho de los consumidores, ya que esto podría vulnerar el principio de isonomía real. La información no siempre se puede evaluar de manera diligente y eficaz por parte del adulto mayor en un ámbito económico, patrimonial o comercial.

5. La contradicción entre los derechos reales y el derecho sucesorio

Lo detallado previamente permite sostener la crítica hacia la preservación de una normativa en el ámbito sucesorio que prioriza la tutela de un derecho expectaticio sobre la libertad y autonomía de un adulto mayor^[52], especialmente cuando este registra condiciones patrimoniales, económicas y comerciales significativas o de gran interés para sus sucesores forzosos.

En tal sentido, la restricción al disfrute del patrimonio impuesta por la legislación civil en el ámbito del libro de sucesiones no toma en cuenta que estas reglas ya no pueden equipararse a las que se aplicaban en la Edad Antigua, Media o Moderna^[53], dado que los contextos de previsibilidad de necesidades futuras ante la ausencia de los progenitores por causas derivadas de las guerras ya no es un factor recurrente en la actualidad.

Esta condición paradójica se registra en el desarrollo del sistema jurídico romano-germánico, influenciado por condiciones canónicas y francesas propias de la Edad Moderna y Contemporánea de las relaciones entre el Estado y la comunidad. Al respecto, la libertad, capacidad y autonomía son entendidas de forma diferenciada según la categoría de la población evaluada, ya sea adulto, cónyuge^[54] o adulto mayor, siendo mal interpretadas cuando se forma parte del segundo bloque poblacional.

Referencia negativa cuando en una comunidad donde todas las personas registran la condición de sujetos de derechos, según el artículo 1º y la proyección de tutela de los derechos humanos conforme a la cuarta disposición final y transitoria de la Constitución, se impone a unos cuantos una limitación de derechos para atender a sus sucesores forzosos. Esta imposición se complementa con la creación de condiciones para favorecer las normas del comercio y del consumo en una sociedad liberal, donde la libertad de comercio es la regla básica que impone condiciones limitativas a los adultos mayores.

Nótese la contradicción de fundamentos y condiciones de desarrollo de elementos de naturaleza jurídica que permiten demostrar la disfuncionalidad de una legislación que no se adaptó a las condiciones de la sociedad contemporánea, no tanto por la evaluación de criterios de vulnerabilidad sino porque ha invisibilizado a la población adulta mayor, toda vez que no se reconocen sus condiciones, características y registro de particularidades a nivel de subgrupos.

En el caso Muelle Flores vs. Perú^[55], la referencia convencional extiende el nivel de vulnerabilidad a la familia, pero no incide en la naturaleza económica, social y moral del impacto económico que ha sufrido la víctima hacia la familia, porque ello hubiera demostrado el verdadero contexto de la afectación y vulnerabilidad que puede ser representativo en el caso de personas adultas mayores, sobre todo cuando constituyen una fuente de ingresos que sostiene a sus demás familiares.

6. Conclusiones

Los estudios sobre vulnerabilidad registran una gama amplia de variables, lo que genera nuevas modalidades de evaluación que pueden tornar ambiguos los criterios de asignación de valor. Una situación que se grafica de forma objetiva en la evaluación de derechos de los adultos mayores, a quienes se les asigna una categoría equivalente a la de un adulto en un contexto comercial, económico y jurídico en una sociedad liberal. Sin embargo, su participación se ve limitada por factores como la edad, salud y condiciones de familiaridad, especialmente cuando dependen de sus familiares o de terceras personas que los atienden.

Esta compleja situación permite identificar a una población vulnerable^[56] que puede dividirse en dos subcategorías autónomas. Sin embargo, se han ejecutado pocos estudios que detallen su nivel de independencia, en particular cuando se registran condiciones patrimoniales, económicas o jurídicas que pueden incidir en su propia libertad, capacidad y disposición para participar en un mercado de consumo.

Consecuentemente, es importante detallar que en una sociedad de consumo, donde la libertad, autonomía y capacidad son premisas fundamentales, los derechos de los adultos mayores pueden verse limitados, lo cual relativiza su condición de sujetos de derecho en los ámbitos comercial, patrimonial y sucesorio.

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Conflicto de intereses

El autor no presenta conflicto de intereses.

Financiamiento

Autofinanciado

Trayectoria académica del autor

Manuel Bermúdez Tapia. Abogado graduado con la mención de Summa Cumme Laude por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Profesor ordinario de la Facultad de Derecho y Unidad de Postgrado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y profesor investigador de la Universidad Privada San Juan Bautista. Máster en Derechos Fundamentales por la Universidad Carlos III de España y magíster en Derecho Civil y Comercial por la UPAO. RENACYT PO140233. Registro de profesor investigador en Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia. Scopus ID 57278125300. Web of Science ResearcherID: GQB-0553-2022.