Giuristi: Revista de Derecho Corporativo
© Universidad ESAN, Lima, Perú
ISSN 2708-9894
https://doi.org/10.46631/Giuristi.2025.v6n12.08
Steffany Patricia Navarro Palacios
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Lima
https://orcid.org/0009-0009-6022-646X
Perla Dayana Quispe Chávez
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Lima
https://orcid.org/0009-0001-4948-5489
Fecha de recepción: 24/10/2025
Fecha de aceptación: 13/11/2025
Resumen
La presente investigación se enfoca en el análisis de la cooperación jurídica internacional ante la corrupción transnacional, un fenómeno estructural que opera mediante redes organizadas y socava la legitimidad democrática y los derechos fundamentales. El objetivo principal es evaluar la efectividad de los mecanismos de cooperación implementados en el Perú para prevenir y sancionar esta problemática. Para ello, se analizan los instrumentos multilaterales, como la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, y se contrasta la visión tradicional, focalizada en la conducta individual, con la naturaleza sistémica y organizada del crimen transnacional. Se concluye que, aunque el ordenamiento peruano ha adoptado estándares internacionales, persisten limitaciones normativas y operativas que obstaculizan la persecución penal efectiva de los esquemas corruptivos globales. Esta situación evidencia la necesidad de fortalecer los marcos sustantivos y procesales para garantizar la tutela efectiva de los derechos fundamentales y la preservación del Estado de derecho.
Palabras clave: corrupción transnacional, cooperación jurídica internacional, mecanismos de asistencia mutua, crimen organizado, derecho penal internacional.
Abstract
This research focuses on the analysis of international legal cooperation concerning transnational corruption, a structural phenomenon that operates through organized networks and undermines democratic legitimacy and fundamental rights. The main objective is to evaluate the effectiveness of the cooperation mechanisms implemented in Peru to prevent and sanction this phenomenon. The multilateral instruments, such as the United Nations Convention Against Corruption, are analyzed, contrasting the traditional approach, centered on individual criminal responsibility, with the systemic and organized nature of transnational crime. It is concluded that, although the Peruvian legal system has adopted international standards, persistent normative and operational limitations hinder the effective criminal prosecution of global corruption schemes. This underscores the need to strengthen the substantive and procedural frameworks in order to ensure the effective protection of fundamental rights and the preservation of the Rule of Law.
Keywords: transnational corruption, international legal cooperation, mutual assistance mechanisms, organized crime, international criminal law.
Resumo
A presente pesquisa centrase na análise da cooperação jurídica internacional diante da corrupção transnacional, um fenômeno estrutural que atua por meio de redes organizadas e compromete a legitimidade democrática e os direitos fundamentais. O objetivo principal é avaliar a efetividade dos mecanismos de cooperação implementados no Peru para prevenir e sancionar esse fenômeno. São analisados os instrumentos multilaterais, como a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, confrontando a abordagem tradicional, centrada na responsabilidade penal individual, com a natureza sistêmica e organizada do crime transnacional. Concluise que, embora o ordenamento jurídico peruano tenha adotado padrões internacionais, ainda persistem limitações normativas e operacionais que dificultam a persecução penal efetiva dos esquemas globais de corrupção. Isso evidencia a necessidade de fortalecer os marcos substantivos e processuais para garantir a tutela efetiva dos direitos fundamentais e a preservação do Estado de Direito.
Palavras-chave: corrupção transnacional, cooperação jurídica internacional, mecanismos de assistência mútua, crime organizado, direito penal internacional.
La naturaleza sistémica de la corrupción transnacional ha fracturado los límites de la jurisdicción tradicional, obligando al derecho penal a operar bajo un prisma de cooperación internacional. En este contexto, la corrupción transnacional emerge como una manifestación estructural de alta complejidad, articulada a través de redes organizadas y sofisticadas, que trascienden la jurisdicción territorial de los Estados y comprometen la legitimidad democrática, la eficiencia económica y la tutela efectiva de los derechos fundamentales.
La corrupción, al adquirir una dimensión transnacional, ha dejado de ser una problemática de índole exclusivamente interna para configurarse como un asunto de estabilidad global y seguridad jurídica. La recurrencia de esquemas de cohecho activo y soborno en el Perú evidencia la debilidad de los mecanismos punitivos locales, cuya eficacia depende directamente de la cooperación jurídica internacional (CJI). El fundamento de esta cooperación radica, por un lado, en la necesidad de recabar pruebas en el extranjero y, de manera prioritaria, en la neutralización de los soportes organizacionales de este tipo delictivo.
La problemática central de esta investigación consiste en determinar la eficacia operativa de los mecanismos de CJI implementados por el Estado peruano, en consonancia con sus obligaciones convencionales. Pese a la ratificación de instrumentos esenciales, como la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, y a la posterior adopción de normativa interna, persiste una divergencia de carácter estructural. Esta divergencia se expresa en el conflicto constante entre el paradigma tradicional del derecho penal, que privilegia la imputación individual, y la naturaleza sistémica y organizada que caracteriza la corrupción transnacional.
Dicha tensión conduce a la pregunta central de esta investigación: ¿Los mecanismos de CJI implementados en el Perú resultan efectivos para prevenir y sancionar la corrupción transnacional?
A partir de esta interrogante, se busca identificar si las limitaciones existentes son de carácter normativo, institucional o conceptual.
La presente investigación se desarrolla desde una perspectiva dogmático-jurídica y teórica. El enfoque metodológico se sustenta en el análisis interpretativo y crítico de las fuentes formales del derecho.
Dogmático-jurídico: Se realiza un análisis pormenorizado de los fundamentos normativos internacionales (tratados y convenciones) y de su recepción en el ordenamiento jurídico peruano, con especial énfasis en las figuras de la asistencia judicial mutua, la extradición y el decomiso transfronterizo de activos.
Teórico: Se recurre a la doctrina especializada en derecho penal internacional para establecer los fundamentos teóricos que definen la corrupción transnacional y contraponer la visión tradicional al paradigma del crimen organizado. Este análisis es importante para comprender la complejidad de las redes ilícitas puestas de manifiesto en casos paradigmáticos como el de Odebrecht, en el que se evidenciaron sobornos sistemáticos a funcionarios de alto nivel en diversos países mediante acuerdos extrajudiciales.
El estudio busca, por tanto, contrastar la eficacia formal (de iure) de los marcos jurídicos con su potencial de aplicación práctica (de facto) en la consecución de una justicia penal efectiva.
El presente apartado desarrolla los principales ejes conceptuales y normativos que permiten comprender la CJI en relación con la corrupción transnacional.
Este subapartado examina los fundamentos, alcances y principales herramientas de la CJI en materia penal.
En el ámbito del derecho penal internacional contemporáneo, la CJI se erige como el instrumento jurídico esencial, mediante el cual los Estados coordinan esfuerzos para prevenir, investigar y sancionar delitos que trascienden las fronteras nacionales. Esta figura implica la ejecución de actos procesales entre autoridades judiciales y administrativas de distintos Estados, con el objetivo de garantizar la efectividad del ius puniendi más allá del territorio nacional, especialmente frente a crímenes de naturaleza organizada, como la corrupción transnacional.[1]
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) establece que la CJI debe materializarse mediante mecanismos de asistencia mutua, orientados a facilitar la entrega de pruebas, la extradición de personas y la recuperación de activos derivados del delito. Estos mecanismos buscan evitar que los Estados se conviertan en refugios de impunidad o en receptores de beneficios ilícitos provenientes del soborno internacional.[2] En este sentido, Suárez Díaz y Sierra Gómez destacan que la CJI permite un acceso efectivo a la justicia penal, a través de la coordinación entre fiscalías, tribunales y organismos de control de diferentes jurisdicciones.[3]
De acuerdo con Bustos Rubio (2024), la eficacia de los mecanismos de cooperación legal internacional se basa en una articulación institucional que permita una respuesta conjunta frente a la criminalidad transnacional. La efectividad de esta colaboración depende, fundamentalmente, de la coordinación institucional y del fortalecimiento de las fiscalías y ministerios públicos, los cuales actúan como nodos centrales en la lucha contra el crimen organizado.
Principales mecanismos de cooperación
Entre los mecanismos específicos de cooperación destacan, entre otros, los siguientes:
Asistencia judicial recíproca: Formalizada mediante tratados multilaterales (por ejemplo, la Convención de Palermo de 2000), comprende la obtención de testimonios, la remisión de pruebas y otros actos procesales transfronterizos.
Extradición: Entrega de personas acusadas o condenadas a las jurisdicciones correspondientes.
Localización y decomiso de bienes: Medidas destinadas a encontrar, congelar, confiscar y decomisar bienes obtenidos de manera ilícita.
Equipos conjuntos de investigación: Figuras operacionales directas que permiten la coordinación inmediata de actuaciones judiciales entre distintos Estados.
Clasificación funcional de los métodos de cooperación
Los métodos de cooperación pueden clasificarse en las siguientes categorías instrumentales, orientadas a una respuesta articulada:
Entidades permanentes de coordinación: Estructuras clave, como Eurojust, orientadas a la armonización de criterios judiciales y a la facilitación de pesquisas conjuntas.
Instrumentos convencionales multilaterales: Acuerdos de alcance general que formalizan la asistencia legal recíproca.
Herramientas operacionales y canales directos: Incluyen figuras funcionales como los Equipos Conjuntos de Investigación, que permiten una coordinación inmediata de actuaciones judiciales.
Autoridades centrales: Instancias gubernamentales —habitualmente, fiscalías o ministerios públicos— designadas para la recepción y tramitación de solicitudes de asistencia. En el ordenamiento peruano, esta función corresponde a la Fiscalía de la Nación.[4]
En el Perú, la autoridad central en materia penal recae en la Fiscalía de la Nación, conforme al artículo 508 del Código Procesal Penal, encargada de tramitar las solicitudes de cooperación y supervisar su cumplimiento, de acuerdo con los tratados internacionales vigentes.[5]
La lucha contra la corrupción transnacional se sustenta en un conjunto de instrumentos internacionales y regionales que conforman el marco jurídico de la cooperación. En el plano universal, destacan la Convención de la OCDE para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros (1997), la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (2003) y la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, también conocida como Convención de Palermo (2000).[6] Estas normas establecen la obligación de los Estados de tipificar el soborno transnacional, así como de implementar sistemas de prevención, sanción y recuperación de activos.
En el ámbito regional europeo, la Oficina Europea de Lucha Antifraude (OLAF) y la Fiscalía Europea (EPPO) constituyen modelos de cooperación institucional avanzada, orientados a promover la transparencia, la persecución penal coordinada y la protección de los intereses financieros de la Unión Europea.[7] De manera similar, en el continente americano, la Convención Interamericana contra la Corrupción sentó un precedente relevante, al establecer mecanismos de asistencia mutua y control recíproco entre los Estados parte.[8] Por su parte, el Perú ha adecuado su marco normativo interno a las exigencias internacionales, mediante la promulgación de la Ley 30424, que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por el delito de cohecho activo transnacional,[9] y la Ley 27815, que aprueba el Código de Ética de la Función Pública, incorporando principios de probidad y transparencia en la gestión pública.[10] Asimismo, el Decreto Supremo N.º 021-2019-JUS refuerza el derecho de acceso a la información pública, consolidando la rendición de cuentas como parte esencial de la lucha contra la corrupción.[11]
Los instrumentos de CJI son estructuras normativas e institucionales que posibilitan la colaboración entre Estados para combatir el crimen transnacional. De acuerdo con Barba Álvarez (2024), estos instrumentos incluyen tratados multilaterales, acuerdos bilaterales, redes institucionales permanentes y herramientas tecnológicas que facilitan la gestión de la prueba y la comunicación entre las autoridades competentes.
La Convención de Palermo (2000) y el Convenio Europeo de 1959 son ejemplos paradigmáticos de cooperación penal, en la medida en que prevén procedimientos de asistencia judicial mutua, la transmisión de pruebas y el traslado de personas condenadas. En el contexto europeo, Eurojust coordina investigaciones complejas y resuelve conflictos de competencia entre los Estados miembros de la Unión Europea, mientras que organismos como la OLAF y la EPPO asumen funciones específicas en la investigación y persecución penal de delitos vinculados con el fraude, la corrupción y el lavado de activos.[12] Asimismo, Espina Ramos (2023) sostiene que las herramientas digitales —como la digitalización de expedientes, la obtención de pruebas electrónicas y la ejecución de embargos internacionales— se han convertido en elementos indispensables para optimizar la eficacia de la cooperación internacional. Tales avances tecnológicos fortalecen la transparencia y reducen los márgenes de impunidad, al permitir la trazabilidad de los bienes ilícitos.[13]
Este subapartado aborda la conceptualización, las características y los efectos de la corrupción transnacional desde una perspectiva jurídico-penal.
La Real Academia Española define la corrupción como la «práctica consistente en la utilización de las funciones y medios de las organizaciones, especialmente públicas, en provecho económico o de otra índole de sus gestores».[14]
En el ámbito jurídico, Amado Pérez y Orrego Gómez la conceptualizan como un fenómeno de mercado que afecta las dinámicas económicas globales, al permitir que empresas privadas utilicen de manera indebida las funciones públicas para obtener ventajas competitivas.[15]
Desde la óptica penal, Olasolo y Galain Palermo plantean que la corrupción debe entenderse como un sistema estructurado, que trasciende las conductas individuales y opera a través de redes institucionales y organizacionales complejas.[16] En consecuencia, el tratamiento jurídico de la corrupción transnacional exige un enfoque integral que articule estrategias de prevención, mecanismos represivos y una cooperación internacional efectiva.
La corrupción transnacional se distingue por su carácter estructural, reticular y sistemático. Según Rodríguez (2020), en América Latina estas prácticas están estrechamente vinculadas al poder político y al uso indebido de la autoridad pública para fines privados.[17]
A su vez, Olasolo y Galain Palermo sostienen que la corrupción contemporánea no puede reducirse a episodios aislados, sino que responde a dinámicas organizacionales complejas que involucran tanto a actores públicos como privados.[18]
En términos jurídicos, estas características exigen la adopción de mecanismos de control transnacional, sistemas de integridad pública y herramientas de cooperación penal internacional que permitan el intercambio oportuno de pruebas y la persecución coordinada de los responsables.
Para Suárez Díaz y Sierra Gómez, las modalidades más frecuentes de la corrupción transnacional se manifiestan principalmente a través del cohecho activo y pasivo, así como del soborno internacional, en los que agentes privados ofrecen beneficios indebidos a funcionarios extranjeros para obtener ventajas comerciales ilícitas.[19]
En esa misma línea, Gómez de la Torre advierte que el soborno transnacional constituye la modalidad paradigmática, por cuanto involucra flujos financieros ilícitos y requiere mecanismos de cooperación internacional para su persecución eficaz.[20]
En el Perú, estos comportamientos son objeto de sanción mediante la Ley 30424, que establece la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por delitos como el cohecho transnacional e incentiva la adopción de programas internos de integridad corporativa.[21]
De acuerdo con Morris, la corrupción transnacional encuentra un terreno particularmente propicio en sociedades con altos niveles de desigualdad económica, donde los grupos con mayor poder adquisitivo ejercen influencia indebida sobre las instituciones públicas.[22]
Asimismo, Benito Sánchez et al. sostienen que la debilidad de los marcos regulatorios, junto con la ausencia de coordinación internacional, favorece la expansión de estas prácticas en América Latina.[23]
Por otra parte, Vega Dueñas y Hernández Jiménez destacan que los factores culturales y de género también influyen en la expansión del fenómeno, en la medida en que la desigualdad estructural incrementa la vulnerabilidad de determinados grupos sociales frente a prácticas corruptas.[24]
Según Yuhui, la corrupción transnacional tiene impactos negativos importantes sobre la economía y la institucionalidad democrática, evidenciados en el caso Odebrecht.[25]
Además, Abello-Galvis y Arévalo-Ramírez señalan que estos actos pueden constituir violaciones al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, en tanto restringen el acceso equitativo a los bienes públicos y socavan la confianza ciudadana en las instituciones estatales[26].
En un plano más amplio, Nash Rojas[27] interpreta la corrupción como una vulneración directa de los derechos humanos, mientras que González Cussac la califica como una amenaza para la seguridad nacional, debido a su potencial desestabilizador y a su capacidad para erosionar la soberanía estatal.[28]
El combate a la corrupción transnacional se articula a partir de un sistema jurídico multinivel, que combina normas convencionales internacionales con disposiciones del ordenamiento jurídico interno.
En el ámbito internacional, la Convención Interamericana contra la Corrupción (1996), la Convención de la OCDE (1997) y la Convención de Palermo (2000) constituyen los pilares normativos fundamentales de esta estrategia.
En el plano interno, el Perú ha adoptado la Ley 30424, la Ley 27815 y el Código Procesal Penal, cuyo artículo 508 otorga competencia a la Fiscalía de la Nación para la recepción y ejecución de solicitudes de CJI.
En síntesis, la efectividad de este marco normativo depende de la adecuada articulación entre las normas nacionales e internacionales, así como de la capacidad institucional de los Estados para garantizar una cooperación judicial oportuna, transparente y eficaz.
A partir del análisis dogmático-jurídico y teórico desarrollado en el presente artículo, y en atención al objetivo de evaluar la efectividad de los mecanismos de CJI implementados en el Perú frente a la corrupción transnacional, se concluye que persiste una divergencia estructural entre el paradigma tradicional del derecho penal peruano, centrado en la imputación de la conducta individual, y la naturaleza sistémica, organizada y reticular que define la corrupción transnacional contemporánea. Esta disonancia conceptual se traduce en limitaciones normativas y operativas que debilitan significativamente la capacidad de respuesta del ius puniendi estatal.
Si bien el ordenamiento ha incorporado formalmente estándares internacionales relevantes, como la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y la Convención de Palermo, la operatividad práctica de mecanismos como la Asistencia Judicial Recíproca y la extradición continúa viéndose obstaculizada por la dificultad de neutralizar los soportes organizacionales de los esquemas corruptivos globales. Ello evidencia una priorización de la persecución del autor individual, en detrimento del desmantelamiento de las redes ilícitas transnacionales, así como una eficacia de facto para la localización, el congelamiento y la recuperación de los ingentes flujos financieros ilícitos derivados del soborno internacional, lo que socava el principio según el cual el crimen no debe reportar beneficio.
La eficacia operativa de la CJI depende, por tanto, del fortalecimiento del marco sustantivo y procesal interno, más allá de la mera adopción formal de instrumentos multilaterales. La dependencia casi exclusiva de las autoridades centrales, en particular de la Fiscalía de la Nación, en el trámite de la Asistencia Judicial Recíproca, si bien formalmente correcta, tiende a generar dilaciones. En este sentido, se evidencia la necesidad de potenciar mecanismos de coordinación directa y expedita, como la implementación o participación activa en equipos conjuntos de investigación en casos de alta complejidad transnacional, que permitan una trazabilidad inmediata de la prueba y un aseguramiento oportuno de los activos.
De igual modo, la persecución penal efectiva exige una profundización del régimen de responsabilidad penal, a fin de combatir la corrupción desde el ámbito privado que la origina, complementando la regulación prevista en la Ley 30424. En síntesis, la persistencia de limitaciones operativas y de concepción en los mecanismos de CJI implementados en el Perú compromete directamente la tutela efectiva de los derechos fundamentales y la preservación del Estado de derecho. La corrupción transnacional, al operar como un fenómeno estructural que desvía recursos públicos y erosiona la legitimidad democrática, exige una respuesta penal que trascienda la jurisdicción territorial mediante una cooperación judicial robusta, coordinada y capaz de impactar en la organización criminal en su conjunto. Por consiguiente, se concluye que resulta imprescindible que el Estado peruano supere una lógica de cumplimiento meramente formal de los tratados y avance hacia reformas estructurales que permitan al sistema de justicia actuar con la celeridad y la complejidad técnica que la criminalidad organizada transnacional demanda.
1. Demelsa Benito Sánchez y Héctor Olasolo Alonso, dirs.; Luisa Villarraga Zschommler y Ana María Martínez Agudelo, coords. Las respuestas a la corrupción transnacional desde la cooperación internacional en materia penal. Colección: Perspectivas iberoamericanas sobre la justicia, 18 (Valencia: Tirant lo Blanch, 2024). https://editorial.tirant.com/es/libro/las-respuestas-a-la-corrupcion-transnacional-desde-la-cooperacion-internacional-en-materia-penal-demelsa-benito-sanchez-9788410564251#
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4. Benito Sánchez et al., Las respuestas a la corrupción…
5. Perú, Código Procesal Penal, Decreto Legislativo N.º 957, art. 508, publicado el 29 de julio de 2004, El Peruano.
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10. Ley 27815, El Peruano, 13 de agosto de 2002.
11. Decreto Supremo N.º 021-2019-JUS, El Peruano, 11 de diciembre de 2019.
12. Benito Sánchez et al., Las respuestas a la corrupción...
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18. Olasolo y Galain Palermo, «Corrupción institucional y organizacional…».
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23. Benito Sánchez et al., Las respuestas a la corrupción…
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Decreto Supremo N.º 021-2019-JUS. Decreto que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley Nº27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Presidencia de la República, 2019.
Ley 27815. Ley del Código de Ética de la Función Pública. Lima: Congreso de la República del Perú, 2002.
Ley 30424. Ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por el delito de cohecho activo transnacional. Lima: Congreso de la República del Perú, 2006.
Las autoras no presentan conflicto de intereses.
Autofinanciado
steffanynavarropalacios@gmail.com
Steffany Patricia Navarro Palacios es estudiante de Derecho en la Universidad Peruana de Cien-cias Aplicadas (UPC).
Perla Dayana Quispe Chávezes estudiante de Derecho en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC).